Washington, D.C. – Hoy, los senadores Catherine Cortez Masto (D-Nev.) y Bill Cassidy (R-La.) presentaron legislación bipartidista y bicameral de Mejora de Bonos de Vivienda Económica, la cual haría que la propiedad de vivienda sea más barata para las familias trabajadoras. El proyecto de ley mejoraría los créditos fiscales y los subsidios de interés para aquellos que buscan comprar una vivienda por primera vez al reforzar el programa de bonos de ingresos hipotecarios (MRB) y los certificados de crédito hipotecario (MCC) que han ayudado a casi 4 millones de familias de ingresos bajos y moderados a comprar su primer hogar.
Las familias con 115% del ingreso medio o menor del área donde viven pueden recibir tasas de interés con descuento cuando compran una casa con un bono hipotecario o califican para un pequeño crédito fiscal anual que ayuda a las familias a comprar una casa y les permite mantener la propiedad de vivienda con el paso del tiempo. La congresista Gwen Moore (D-Wisc.-04) presentó una legislación complementaria en la Cámara de Representantes de EE.UU. en el Congreso 117.º y volverá a presentar el proyecto de ley pronto.
“La oportunidad de ser dueño de una casa es una parte importante del Sueño Americano. Es por eso que estoy luchando para ayudar a las familias a pagar un hogar por medio de inversiones de impuestos federales que brindan tasas de interés más bajas y créditos fiscales anuales que ayudan a las familias con su hipoteca”, dijo la senadora Cortez Masto. “Mi proyecto de ley bipartidista ayudará a más nevadenses a ser propietarios y mejorar sus hogares, y no dejaré de trabajar para reducir los costos de vivienda en Nevada y en todos los estados”.
“Los estadounidenses de clase media no deberían verse excluidos del Sueño Americano debido a la rápida inflación y al lento crecimiento económico”, dijo el Dr. Cassidy. “Este proyecto de ley ayuda a las familias a lograr ese sueño de ser propietarios de una vivienda”.
“El Consejo Nacional de Agencias Estatales de Vivienda (NCSHA, por sus siglas en inglés) agradece a los senadores Cortez Masto y Cassidy por presentar el proyecto de ley de Mejora de Bonos de Vivienda Económica, que ampliará el acceso a la propiedad de vivienda para compradores de vivienda de ingresos bajos y moderados”, dijo Stockton Williams, director ejecutivo de NCSHA. “Históricamente, los bonos de ingresos hipotecarios y los certificados de crédito hipotecario han sido la principal herramienta de las agencias estatales de financiamiento de viviendas para brindar oportunidades de propiedad de viviendas asequibles para familias trabajadoras, habiendo ayudado a casi cuatro millones de compradores de viviendas combinados. Esta legislación promulgará una serie de reformas simples y sensatas a los programas MRB y MCC que permitirán a los HFA aprovechar mejor sus recursos y ayudar a más hogares desatendidos”.
Los programas MRB y MCC ayudan a miles de nevadenses trabajadores a convertirse en propietarios de viviendas. La legislación de Cortez Masto y Cassidy actualiza y reforma los programas MRB y MCC para servir mejor a las familias trabajadoras y ayudar a las Agencias de Financiamiento de la Vivienda a apoyar la propiedad de vivienda para más estadounidenses.
Específicamente, esta legislación:
- Simplifica la administración de los programas MRB y MCC y hace cambios sensatos para usar los beneficios fiscales, ayudar a las familias trabajadoras y agregar flexibilidad adicional para los prestatarios.
- Permite que los propietarios de viviendas refinancien sus hipotecas con préstamos MRB, lo que reduce los costos para los propietarios.
- Aumenta la cantidad de dinero que los propietarios de viviendas con préstamos MRB pueden destinar a realizar mejoras de salud y seguridad en el hogar, incluida la posibilidad de agregar baños y rampas accesibles para ayudar a los adultos mayores y discapacitados a permanecer en sus hogares, así como apoyar las mejoras de eficiencia energética o las renovaciones de mitigación de desastres. El proyecto de ley eleva el límite actual de $15,000 a $50,000 y lo indexa por inflación.
- Brinda a las agencias de financiamiento de vivienda flexibilidad para extender los períodos de préstamo y crédito para compensar los retrasos debido a la pandemia, los problemas de la cadena de suministro o la escasez de construcción.
- Requiere únicamente a los emisores, no a los prestamistas, que informen al IRS sobre los beneficiarios de MCC para verificar la precisión fiscal y acortar el largo requisito de notificación pública de 90 días a 30 días para alentar un uso más generalizado del programa MCC.
Esta legislación bipartidista es respaldada por el Consejo Nacional de Agencias Estatales de Vivienda, LISC, la Asociación Nacional de REALTORS, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda y la Asociación de Banqueros Hipotecarios.
El texto completo del proyecto de ley está disponible AQUÍ.
La senadora Cortez Masto ha sido un líder en la lucha para reducir los costos de vivienda y mantener a los nevadenses en sus hogares. Como procuradora general, encabezó la lucha para hacer responsables a los grandes bancos por la crisis de ejecuciones hipotecarias, entregando $1.9 mil millones a los propietarios de viviendas en Nevada. En el Senado, ella es una defensora leal de la vivienda asequible. Ella luchó con éxito para asegurar la financiación de viviendas asequibles del Federal Home Loan Bank of San Francisco (FHLB-SF) para Nevada a través de un fondo específico, encabezando los esfuerzos nacionales para garantizar que el Sistema FHLB dirija la financiación adecuada hacia viviendas económicas y el desarrollo comunitario. Su apoyo a los programas de ayuda por el COVID proporcionó más de $399 millones en asistencia de emergencia para el alquiler y los servicios públicos a decenas de miles de hogares de Nevada y más de $600 millones para construir y preservar viviendas asequibles en el estado. Los fondos federales que entregó proporcionarán más de 7,129 nuevas unidades de bajo costo a las familias de Nevada este año y se espera una cantidad similar el próximo año: casi el doble de la cantidad del estado antes de la pandemia, lo que se suma a al inventario actual de 44,000 unidades subsidiadas.
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